En el año 2011 CAF estimó que se necesitan inversiones anuales equivalentes al 0,3% del Producto Interno Bruto regional para universalizar, en el 2030, los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades de América Latina. Esta estimación realizada incluye también objetivos de renovación y rehabilitación de la infraestructura hídrica, ampliación de fuentes de agua para el abastecimiento conmensurado con el crecimiento de la población y un uso racional del agua equivalente a 200 litros por habitante día, la depuración de dos tercios del volumen de aguas residuales para su disposición segura en el medio ambiente, y el drenaje de aguas de lluvia para 80% del área urbana. Adicionalmente, se incluyen las inversiones para la formalización de conexiones de agua potable y alcantarillado para 50% de la población informal urbana.
Para el 2010 el costo anual de la ineficiencia de los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado podría estimarse en US$5.000 millones.
Este ejercicio incluyó un análisis con criterio, basado en costos eficientes, y sugiere un modelo de financiamiento que busca optimizar la generación de recursos vía tarifas, principalmente para los servicios a nivel domiciliario -private goods-, y recursos fiscales para financiar inversiones consideradas un bien público -public goods-. Los costos de operación se estimaron deduciendo el llamado costo escondido de la ineficiencia, que se obtiene cuando se compara el desempeño de las empresas operadoras promedio con indicadores de eficiencia de las mejores empresas. Este cálculo mostró que para el 2010 el costo anual de la ineficiencia de los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado podría estimarse en US$5.000 millones.
El financiamiento de estas inversiones en América Latina proviene mayoritariamente de recursos fiscales de los gobiernos nacionales. En algunos países, como Chile, y en unas pocas ciudades de la región, las inversiones se financian, al menos parcialmente, con recursos provenientes de las tarifas que pagan los usuarios. Dentro de esta última categoría se encuentran un número creciente de alianzas público privadas que gestionan inversiones con los incentivos de eficiencia empresarial apoyadas en tarifas adecuadas y marcos regulatorios razonablemente estables, y en algunos casos, con aportes fiscales complementarios.
El financiamiento de estas inversiones en América Latina proviene mayoritariamente de recursos fiscales de los gobiernos nacionales
Desde el inicio del siglo XXI, la mayoría de los países de América Latina han emprendido ambiciosos programas de inversión para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, en muchos casos los resultados distan de satisfacer las expectativas de los ciudadanos que reclaman las inversiones. Por ello, deben revisarse algunos asuntos básicos de los proyectos de infraestructura hídrica, como la planeación y la ingeniería, los procesos de licenciamiento ambiental, los mecanismos de contratación y los incentivos para la adopción de nuevas tecnologías. Estos asuntos, además, no son enteramente obvios para los agentes responsables de la formulación de políticas públicas y las decisiones sobre inversiones en infraestructura. La respuesta a los cuellos de botella observados, mas allá de la simple movilización de los recursos para el financiamiento, ponen en relieve una precondición crucial para identificar y reducir las ineficiencias, la cual radica en mejorar la gobernabilidad y coordinación sectorial público-público a todos los niveles, con especial atención a eliminar las trabas de los procesos de financiamiento, contratación y control.