Cuando la autoridad o los empresarios, ONG, academias, científicos, periodistas o políticos hacen discursos o escriben artículos sobre el agua o el calentamiento global, por lo general, los contenidos se relacionan con la importancia del agua como un recurso fundamental y necesario en nuestras vidas y en el desarrollo del país (según algunos el 60% del PIB de Chile depende del agua) y el planeta. Este relato, se acompaña de frases efectistas y preocupantes, describiendo un futuro a veces catastrófico, sobre todo si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora. Todo esto, con el fin de hacernos reaccionar frente a este desafío. Sin embargo, la institucionalidad público, privada y la comunidad aun no reaccionan lo suficiente como para que se generen acuerdos mínimos a nivel nacional y tengamos una carta de navegación de largo plazo en relación al Agua.
Los últimos 15 años, han sido fructífero en diagnósticos, seminarios, discursos, incluso en políticas hídricas, pero no hemos realizado ningún cambio efectivo, que sea relevante, estructural o sistémico (Salvo las nuevas facultades de la DGA para mejorar el control y fiscalización a los usuarios de agua) que nos permita iniciar un proceso robusto de adaptación a los nuevos escenarios hídricos para los próximos 30 años. Por el contrario, cada cuatro años la autoridad de turno cuando llega al gobierno, se parte nuevamente y se diseña, sin participación de los actores, una nueva “política nacional con planes y programas hídricos”, similares a los que hizo la administración anterior, pero que tienen una muy baja o ninguna efectividad desperdiciando tiempo y recursos en acciones que si bien algunas de estas pueden ser un aporte local, no permite avanzar lo suficiente a nivel de país.
El agua utilizada por hectárea de regadío en Chile está entre los niveles más altos de la zona de la OCDE. Aunque la Ley 18.450 contribuye a la mejora de la eficiencia del regadío en Chile, aún está por detrás de países como Francia, Brasil, o Italia (OCDE)
No hay duda, que la sequía en el centro y norte del territorio, la disminución de las precipitaciones en el resto del país y la pérdida de masa hídrica de los glaciales son los principales efectos del cambio climático que afectan la oferta de agua en las cuencas. Por otra parte, como consecuencias de una irracional intervención humana de los acuíferos, provocada por un aumento excesivo de la demanda productiva de los usuarios corporativos de las cuencas, incentivada y acoplada con las tasa de crecimiento económico, dió origen a una sobre explotación de las fuentes que han generado un desbalance hídrico en algunas cuencas. Esta situación se vio agravada por un sobre otorgamiento de derechos de aprovechamientos de agua por parte de la autoridad, que junto con la sequía, han dado origen a una preocupante brecha hídrica entre la oferta y la demanda de agua y una degradación paulatina de los ecosistemas acuáticos y de la calidad de sus agua.
En las cuencas del norte donde las precipitación son escasas y en algunas del centro del país, es probable que sin la existencia del cambio climático y la sequía, igual habríamos llegado a la escasez hídirca ocasionada por la sobre explotación. No todo el desastre hídrico que vivimos tiene su origen en el cambio climático, una parte importante es estructural del modelo hídrico, que se rige solo por la oferta y demanda de agua y no cuenta con información o la alerta temprana adecuada, como tampoco cuenta con facultades del estado para intervenir el mercado.
Entre los grupos participantes del debate hídrico, como políticos, empresarios, agrupaciones de usuarios y sociales, academia u otros organismos nacionales e internacionales, existen ciertos consensos básicos que permitirían contar con una “masa crítica de temas” que las partes afectadas las reconocen como “problemas que se requieren resolver” y son factible de empezar a trabajar en ellos. Algunos de estos son:
- Falta por parte de la autoridad de una Política Pública Nacional del Agua, consensuada, sostenible y de largo plazo (30 o 50 años) para evitar que se reinicie cada cuatro años y que permita, a lo menos, fijar incentivos y objetivos determinando sus metas y plazos, dando cuenta pública de los avances, evaluaciones y resultados anualmente.
- Existencia de una ineficaz y burocrática normativa e institucionalidad pública y privada del agua, atomizada en más de 43 organismos del estados sin una funcionalidad adecuada e impidiendo la coordinación entre ellos para lograr una unificada y adecuada gestión hídrica de cuencas y a nivel de país.
- Inexistencia de un sistema abierto y validado de información de extracción, consumo, uso, calidad de las aguas y otros temas que permitan compartir públicamente los datos para que las instituciones y usuarios del agua a nivel de cuencas tomen decisiones para la gestión del agua, la conservación de los ecosistemas acuáticos superficiales, subterráneos y glaciales.
- Perfeccionar en sistema de fiscalización y control por cuencas que permita, a lo menos, determinar el cumplimiento de las normas, protección y conservación de fuentes y ecosistemas hídricos y consumos fuera de la ley o entrega de información falsa.
- Dar prioridad hídrica sostenible al consumo humano urbano y rural para evitar que la población se quede sin abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
Estos puntos y otros, podrían ser parte de un acuerdo que genere la base para dictar una política pública que permita conocer la orientación de la gestión e incentivar la eficiencia hídrica, el ahorro de agua mediante tecnologías de riego, mejoramiento de procesos productivos de los usuarios, mejoramiento y desarrollo de la infraestructura hídrica (embalses, tranques, canales, etc.) y la incorporación de nuevas “fuentes de agua renovable o fuentes no convencionales” (desalación, trasvases, carreteras hídircas, reúsos, cosecha de agua, etc.)
Una característica a resaltar del modelo chileno de gestión del agua es la ausencia de sistemas integrados de gobernanza por cuenca, los cuales podrían servir de base para crear un enfoque funcional y territorial de los riesgos del agua. (OCDE 2016)
Si no reconocemos que estos u otros temas son los desafíos que tenemos que enfrentar, entonces tampoco estamos en condiciones de implementar las soluciones sin generar conflictos sociales y políticos con aquellos sectores, que no están de acuerdo con esas soluciones y ven amenazados sus intereses. Las diferencias se producen con mayor fuerza en la búsqueda de soluciones y no en el diagnóstico donde podemos encontrar puntos de acuerdo. De ser así, este conflicto seguirá sin avances concretos degradando nuestra capacidad hídrica actual y futura y exponiéndonos a un grave déficit hídrico acompañado de conflictos económicos, ambientales y sociales.
En la actualidad, la participación y liderazgo del mundo político es fundamental, porque los sectores involucrados no están dialogando entre si y tampoco con el Estado, pero la complejidad del problema no tiene una “rentabilidad política” al corto plazo y los costos políticos pueden ser más altos que los beneficio, esto produce un desincentivo a tomar posiciones de liderazgo para buscar las grandes soluciones, que es donde se traba el consenso y el inicio de políticas públicas del agua de largo plazo, quedando el proceso de adaptación hídrica a la deriva, solo con actividades locales o sectoriales que muchas veces no se complementan o se contradicen.
